OLEADA DE VIOLENCIA

Por Teodoro Rentería Arróyave
6 de febrero de 2007

La frontera del noroeste de México es una de las más golpeadas por la inseguridad pública, que prevalece prácticamente a todo lo ancho y largo del territorio nacional; en todos los municipios de Baja California el fenómeno se presenta de tal forma que los habitantes viven en constante zozobra sin que las autoridades municipales, estatales y federales actúen con la diligencia que amerita, de ahí el incremento de una delincuencia que ha tomado a la entidad como suya.



Con la llegada de los nuevos gobiernos, estatal y municipales en Baja California, al igual que en otros estados de la República, se ha desencadenado una oleada de violencia criminal provocada por la “guerra” declarada que ha emprendido el Estado mexicano en contra de los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado, denuncia en un Resumen Ejecutivo presentado este 5 de febrero, ante la señora Louise Arbour, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el respetado colega, Raúl Ramírez Baena, presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Asociación Civil.



En su escrito, titulado: “Los derechos humanos y la seguridad pública en la frontera noroeste, crímenes violentos y narcotráfico”, explica que debido a la infiltración de las bandas delictivas en las corporaciones policíacas, los nuevos gobiernos realizan cambios en los mandos para evitar la protección a las mafias. Ello provoca crisis al interior de las corporaciones y crímenes de jefes y policías en conflicto con los cárteles y también con lo que se niegan a colaborar con mafias.



Como consecuencia, en Baja California, a diario aparecen en la vía pública cadáveres envueltos en cobijas con señales de tortura, miembros cercenados y decapitados. Todos ellos con mensajes propios de las mafias que luchan por el control de “la plaza” -la ruta y el mercado de la droga-, principalmente en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, y en menor medida en Mexicali Ensenada y Tecate.



Como contrapartida, el ombudsman civil, da a conocer que en enero del 2008, mes de la mayor ofensiva gubernamental, se han registrado 247 ejecuciones en todo el país; el 20 por ciento corresponden a Baja California, Estado que registra la incidencia más alta de homicidios violentos. A ello habría que agregar múltiples privaciones ilegales de la libertad, secuestros y desapariciones forzadas, comúnmente llamadas “levantones”.



La amplia denuncia que ya obra en poder de Naciones Unidas, dedica la asociación civil un capítulo a la militarización, en la forma siguiente: La respuesta del gobierno mexicano al panorama antes descrito es incorporar a las Fuerzas Armadas. Al invadir el Ejército y la Marina las facultades de la autoridad civil para la prevención e investigación de los delitos, en ciudades donde antes imperaba la ley del crimen ahora impera la ley del Ejército.



Los nuevos directores de la Policía Estatal Preventiva de Baja California y de las policías municipales de Tijuana y Playas de Rosarito, son militares. No obstante lo anterior, el apoyo popular a la militarización es un hecho, según encuestas realizadas recientemente en Baja California, entre el 80 y el 90 por ciento de la población esta de acuerdo en que los militares intervengan en la prevención y la persecución de los delitos.



Finalmente, Raúl Ramírez Baena, fija la denuncia en el intencional manejo mediático de la violencia criminal que exacerba los delitos, lo que alimenta el clima de terror, pánico e indignación social. En consecuencia, la población apoya la militarización, la pena de muerte, la cadena perpetua, la tortura y el incremento de las penas contra los delincuentes.



Y como no va a ser así, cuando la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad, A. C., tiene documentados 193 casos de personas desaparecidas con violencia en Baja California de 1993 a la fecha, perpetrados por grupos de la delincuencia organizada en estrecha relación con corporaciones policíacas, agentes en activo y ex agentes. Del 2005 a la fecha, ha registrado 60 casos. Sin embargo, con datos de prensa y testimonios de familiares que no han acudido a denunciar, se conocen más de 1,200 casos en 10 años.



Todo este preocupante fenómeno social se consolida ante la indiferencia criminal de las autoridades: A la fecha han pasado tres gobernadores sin que ninguno haya recibido en audiencia a los familiares de los desaparecidos, a pesar de múltiples peticiones, dice finalmente el documentos, que ahora será materia para la intervención directa del organismo mundial ante la angustiosa oleada de violencia, que no sólo vive Baja California, sino todo el país.



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