LEY CALDERÓN IGUAL A LA PATRIOT

Por Teodoro Rentería Arróyave
lunes 12 de marzo de 2007



Nuestro país, efectivamente, de unos años a la fecha ha sido tomado por asalto por el crimen organizado y en mucho ha rebasado al Estado mexicano; por consecuencia, el reclamo más sentido de la sociedad, antes inclusive que el del empleo, es la seguridad pública, de ahí que el primer compromiso a cumplir por parte del Ejecutivo Federal sea responder y de inmediato a dicha demanda, pero nunca traspasando los límites constitucionales.



El presidente Felipe Calderón Hinojosa, a quien por cierto le han fallado sus operativos policíacos y militares llevados al cabo en varias partes del territorio nacional donde la incidencia delincuencial es mayor, con ese mismo propósito de enfrentar el grave fenómeno, ha propuesto al Congreso de la Unión sendas iniciativas sobre Justicia Penal y Seguridad Pública, en las que destacan algunas reformas positivas y otras francamente oprobiosas que conculcan, quebrantan y vulneran los derechos humanos, comparable en estos tiempos, con la Ley USA Patriot de su colega estadounidense, George W. Bush.



Ese no es el camino correcto para enfrentar al crimen organizado, como tampoco ha sido el camino del ahora visitante, nada grato a nuestro país, quien después de provocar una verdadera psicosis colectiva con el tema del terrorismo en la inmensa nación del norte, logró que un Congreso a modo, le expidiera la Ley Patriot, con la cual se restringieron en forma alarmante las libertades de prensa, expresión y las individuales, entre otras, además de violentar los derechos humanos tanto de nacionales como de extranjeros.



Las propuestas del Ejecutivo federal, entre sus considerandos, dice tener como objeto abatir la impunidad, fortalecer la seguridad de los ciudadanos y dotar, tanto a la Policía Federal como al Ministerio Público, de mejores herramientas para el cumplimiento de sus responsabilidades. Eso suena muy bien, pero cuando la pretensión de las iniciativas es legalizar los juicios sumarios, los allanamientos, los cateos, las intervenciones telefónicas, e incluso los arraigos, sin la autorización previa de un juez, desaparece el estado de derecho, como lo ha advertido el constitucionalista y respetado maestro, doctor Raúl Carranca y Rivas, quien asegura además, que las propuestas presidenciales obedecen a presiones de Estados Unidos, por tanto nos obliga a afirmar que la Ley Calderón es igual a la Ley Patriot de Bush.



Que se cree un solo ordenamiento penal para todo el país, que evite inconsistencias legales e iguale la acción de la justicia; que se establezcan juicios que otorguen especial protección y pleno ejercicio de los derechos de las víctimas, testigos y denunciantes; que se faculte a la autoridad judicial para dictar medidas que garanticen la secrecía de los nombres y datos personales de los acusadores en los casos más delicados; que se fortalezcan las medidas de protección adicionales a las que ya establece la Constitución para las víctimas de los delitos de violación y secuestro; que se legitime activamente a las víctimas de delitos para darles facultades, entre otras, de exigir la reparación del daño en el proceso penal, de Acuerdo.



Que, además, se establezcan procedimientos para que los bienes del crimen organizado pasen a ser parte del Estado, extinguiéndose el dominio de los delincuentes sobre sus bienes; que se dote a la policía federal de facultades de investigación para fortalecer la acción del Ministerio Público; que se cree un sistema nacional de desarrollo policial que norme el ingreso a la corporación y la capacitación del agente, así como los reconocimientos por su labor, y que se fortalezca la autonomía técnica del Ministerio Público. De Acuerdo, pero sin vulnerar un ápice a la Constitucional que nos rige.



En cambio, con lo que no se puede estar de acuerdo es con las aberraciones jurídicas, como las califica el maestro Carranca y Rivas, y estamos seguros, por las reacciones habidas entre los legisladores, que no serán aprobadas por el Congreso de la Unión, puesto que otorgaría al Estado “un poder inaudito” que utilizaría para combatir la delincuencia, pero también para acusar a cualquier ciudadano de supuestos delitos, sin mayor prueba y colocarlo en la más absoluta e inaceptable indefensión. Sin discusión la Ley Calderón, igual a la Ley Patriot.



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