POLICÍAS CRIMINALES

Por Teodoro Rentería Arróyave
6 de agosto de 2008

Ya en otras ocasiones, con el propósito de que las más altas autoridades tomen las decisiones correspondientes, hemos destacado la preocupante frecuencia en que comandantes y agentes judiciales resultan implicados o de plano encabezan las bandas criminales del secuestro, del tráfico de personas y del narcotráfico.

Baste referirnos a los actos delincuenciales de los últimos 10 días, que no sólo provocan la zozobra de la sociedad sino que, como nunca, la irritabilidad de la misma.

En el caso del secuestro y asesinato del joven Fernando Martí, de su chofer y de su escolta, un comandante y un agente judicial, así como un particular ya fueron detenidos. En el asesinato de seis miembros de una familia de Ciudad Guzmán, Jalisco, un agente antisecuestros de la Procuraduría estatal y seis cómplices ya están arraigados. El coordinador de la Policía Judicial en Iztapalapa fue detenido por extorsión y en Coatzacoalcos, Veracruz, un policía asesina a dos migrantes sudamericanos y hiere a otros más en un trifulca entre polizontes por el reparto del dinero producto del tráfico de personas.

En efecto, fueron detenidos tres presuntos implicados en el caso del secuestro y asesinato del joven Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí; se trata del comandante de la Policía Judicial, José Luis Romero Ángel, y sus presuntos cómplices, el también agente judicial, Fernando Hernández Santoyo y el particular, Marco Antonio Moreno Jiménez. La Procuraduría capitalina solicitó y obtuvo del Juzgado 32 penal, con sede en el Reclusorio Sur, las órdenes de arraigo por 30 días para continuar las investigaciones en contra de los presuntos implicados.

Se sabe que cuando menos otros 14 agentes, la mayoría adscritos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, están relacionados con el ilícito. El presunto jefe de la Banda de la Flor, el comandante, José Luis Romero Ángel, tenía a su cargo el sector de la terminal aérea.

Al respecto es buena noticia que a partir de este lunes todos los retenes policíacos en la Ciudad de México se cancelaran “para evitar que los delincuentes simulen ser policías y sorprendan a la ciudadanía”, así textual lo informó el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Manuel Mondragón y Kalb, en alusión al secuestro del menor Fernando Martí, el problema es que los delincuentes resultaron ser policías.

Otro agente policíaco resultó ser el cabecilla de la banda que asesinó a 6 miembros de una familia en Ciudad Guzmán, Jalisco. Alejandro López Alatorre, agente antisecuestros de la Procuraduría estatal, fue detenido y arraigado conjuntamente con sus seis cómplices.

López Alatorre quedó arraigado conjuntamente con Alejandro López; Severiano Nájar Sánchez, La Yegua; Cuauhtémoc Cuevas Álvarez, El Temo; Óscar Valencia Martínez, coautor intelectual de los homicidios; Omar Valencia, hermano de Oscar; José Reyes Ochoa Valencia, El Junior, y José Luis Maldonado, todos ellos implicados en el asesinato de los seis miembros de la familia Bautista Campos, parientes lejanos del secretario de Agricultura y ex gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez.

El coordinador de la Policía Judicial en Iztapalapa, Senén Sánchez Cortés, fue detenido por elementos de la nueva estructura de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, luego de que se comprobó que extorsionó a un particular. El ahora detenido recibió un pago inicial de 30 mil pesos y un automóvil Golf, a cambio de no remitir al Ministerio Público a su víctima a quien acusaba de un presunto delito.

Y en Coatzacoalcos, Veracruz, el policía Ernesto Saldaña de la Cruz con la ayuda de su hermano Antonio, también uniformado, asesinó a dos inmigrantes sudamericanos e hirió a otros por el reparto del dinero producto de la extorsión a los indocumentados. El comandante de la corporación, José Morales Herrera, al no repartir equitativamente el botín entre sus subordinados provocó el incidente mortal. El comandante, los dos hermanos y 15 policías municipales más ya fueron puestos a disposición de la agencia del Ministerio Público del fuero común, por los delitos de homicidio, extorsión y tráfico de personas.

Finalmente, según información oficial, los secuestros en el último año se han incrementado en un 35 por ciento. Ante este preocupante panorama que tiene en zozobra e irrita a la sociedad, es de esperarse que las reestructuraciones tanto en la Procuraduría General de la República, en la Procuraduría General de Justicia y en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, se lleven al cabo en todo el país en los ámbitos federal, estatal y municipal y que, efectivamente, tengan el resultado inmediato de revertir el fenómeno delincuencial, porque en ello va la gobernabilidad del país.

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