ABERRANTE

Por Teodoro Rentería Arróyave
28 de febrero de 2007

Ante la aberración jurídica de los cateos sin orden judicial suprimida de última hora en la llamada Ley Penal, por la firme posición de los diputados perredistas, a los que se le sumaron un grupo mayoritario de priístas y una minoría consistente de panistas, los demás ordenamientos aprobados y que definitivamente alteran la gran tradición jurídica del país en materia de derechos y garantías individuales, podrían parecer poca cosa.

No es así: el arraigo de personas hasta por 80 días, el acceso a datos personales y bancarios, así como la extinción de dominio, como lo han señalado defensores de los derechos humanos y organismos nacionales, continentales e internacionales, es de tal magnitud que tal parece que se deja a la práctica de los abusos policiales la posible reversión de estos absurdos.

Es de considerarse el valor que en tales asuntos tienen los medios de comunicación al propiciar el debate público. Desde luego esto es contrario a los que idealizan una sociedad sin periodismo para cometer toda clase de violaciones contra los habitantes de cualquier país.

Las voces más importantes y reconocidas de la judicatura mexicana y de organismos liberales y de derechos humanos encontraron en los medios de comunicación el referente para convencer a los legisladores de que estaban cometiendo un verdadero atentado a los derechos humanos y las garantías individuales con lo que se ha llamado la “Ley Gestapo”, que permitía las detenciones sin orden judicial previa.

El doctor Jaime Chalita Zarur, presidente del Consejo Masónico Mexicano, fue una las primeras voces que se alzaron en contra de la aberrante ley penal y en su momento llamó al Poder Legislativo a reconsiderarla, porque sería una regresión del país al 1582, en que se endureció la inquisición sin el mínimo respeto a los derechos humanos.

Nada menos que el gran jurisconsulto, Sergio García Ramírez, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en días pasados visitó a México para dar a conocer los argumentos anticonstitucionales que llevaba impresa la Reforma Judicial.

En ello coincidió el jurisperito Raúl Carrancá y Rivas, quien en entrevista de nuestro espacio informativo de Radio Fórmula expresó que si bien había que felicitar al Poder Legislativo por haber desechado la reforma al 16 Constitucional, que permitía ese absurdo de las detenciones extrajudiciales, quedaron aprobadas reformas que definitivamente tendremos que luchar, desde ahora, para que sean abrogadas, pues atentan contra la sociedad mexicana.

¿Quién nos defenderá? Se preguntó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos José Luis Soberanes Fernández, al asegurar que la aprobación de la Reforma Judicial eleva a rango constitucional una serie de violaciones a las garantías fundamentales.

La lucha deberá continuar para derogar las multicitadas aberraciones judiciales aprobadas por el Pleno de la Cámara de Diputados. Sería muy importante que cuando regrese la minuta al Senado de la República o cuando sea del conocimiento de los congresos locales, al igual que ahora lo hizo la Cámara Baja, eliminen todo aquello que pisotee los derechos humanos y las garantías individuales. No es posible radicar que solo en los abusos policiales, se podría provocar la reversión de dicha Ley.

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