EL ABORTO DEL ABORTO

Por Teodoro Rentería Arróyave
Miércoles 30 de mayo de 2007

En stricto sensu, dicen los abogados, en sentido estricto el problema no es si la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tienen o no facultades para iniciar controversias constitucionales, sino que haya sido el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Salvador Aguirre Anguiano el encargado de admitir las acciones de inconstitucionalidad de los mencionados organismos en contra de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, ya que fue uno de los togados que en el dos mil tres consideró inconstitucional la llamada Ley Robles, que despenalizó el aborto en caso de que el producto presentará malformaciones genéticas.

Este es otro elemento, cuando menos de sospecha, que se suma al anterior consistente en que los recursos de ilegalidad fueron presentados en un mismo día por dos personajes que cada día se significan más con acciones oficialistas, se identifican con la ideología eclesiástica de la iglesia católica y con la ultra derecha incrustada de lleno en el gobierno federal, nos referimos a Eduardo Medina Mora, ex titular de la Secretaría de Seguridad federal y actual procurador general de la República, y José Luis Soberanes Fernández, el controvertido y muy criticado, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De la manita, diríamos, llegaron hasta la Corte para presentar las sendas controversias, sin duda, ordenadas desde la misma cima del poder.

Es de agregarse, que el mencionado ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano fue representante popular con apoyo del Partido Acción Nacional, ahora en el poder, en su natal Jalisco, y es pública su proclividad a tomar decisiones marcadas por su ideología.

Es cierto que una vez admitidas las acciones de inconstitucionalidad, el Gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa están en condiciones de impugnar la decisión ante la Corte, y de ser así, los ministros resolverían en sesión de sala si el acuerdo de admisión fue legal o no. Para nosotros será otro trámite de dilación, porque tal parece que todo está predeterminado, al menos que los ministros reflexionen sobre el deterioro en que han metido al máximo tribunal, a tal grado que cada día pierde más y más credibilidad.

El meollo de todo esto, es que se trata de un asunto de salud pública y no de ideologías y de religiones. México hasta antes de Carlos Salinas de Gortari, que traicionó las leyes de Reforma del señor Juárez, había superado la guerra ideológica-religuiosa que tanto le ha costado a la nación.

Para darnos una idea de la aceptación de la legislación capitalina, reproducimos el perfil de las solicitantes, que dio a conocer el Gobierno capitalino: Solicitudes de información: Mil 300. Casos programados: 334. Abortos practicados: 230. A menores de edad: 10 por ciento. De 20 a 29 años, 56 por ciento. Estado civil: Solteras, 42.9 por ciento. Religión: Católicas, 81.4 por ciento. Nivel educativo: Educación media, técnica y superior: 54 por ciento. Analfabetas, 0.7. Ocupación: Hogar, 40 por ciento. Estudiantes, 17.1 por ciento. Derechohabiente: 71.4 por ciento. Semanas de embarazo: Nueve semanas o menos, 77 por ciento. Origen: Distrito Federal, 75 por ciento. Resalta que la gran mayoría de las mujeres que se someten o se programan para abortar son mayoritariamente católicas.

El derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, ahora se encuentra en el arbitraje de 11 ministros de la Corte, si suponemos la asistencia de todos, de los cuales sólo hay una mujer. Y la sospecha es la que surge nuevamente ante la poca delicadeza para presentar las controversias constitucionales contra la ley despenalizadora, puesto que desde ahora se indica que simplemente es una decisión tomada para hacer abortar la ley abortiva.

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