PRESUNTO DELINCUENTE

Por Teodoro Rentería Arróyave
26 de julio de 2010

Dos temas de la mayor gravedad y consecuencias de la agenda nacional que implican como protagonista principal al presidente Felipe Calderón Hinojosa, mantienen la atención de la opinión pública no sólo del país sino la internacional: la violación a las leyes electorales y el conflicto con los electricistas.

En el primer caso, a las cosas hay que llamarles por su nombre ya que los eufemismos sólo responden a intereses que no tiene que ver con el periodismo libre e independiente, coloca al actual huésped de Los Pinos como presunto delincuente electoral, y en el segundo, casi en “artículo mortis”, el flamante secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora echó una reversa con motores encendidos para dar por terminada la posición inflexible, intolerante y rígida que mantenía el gobierno federal con los despedidos trabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

La situación postelectoral también se ha vuelto rígida y complicada, por ello ante la embestida del gobierno, el presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés defiende la legalidad de la resolución del Consejo General, por la cual determinó que el presidente Felipe Calderón Hinojosa violó el artículo 41 constitucional que prohíbe la propaganda gubernamental de cualquier nivel durante las campañas electorales.

Una huelga de hambre, ciertamente en defensa de emisarios del imperio, flexibilizó al gobierno revolucionario de Cuba ante la intervención de la Iglesia Católica y el gobierno español, -y ya está sufriendo las consecuencias de los desagradecidos excarcelados el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero-, en México, pese a la línea dura de la actual administración federal, no podía el gobierno de Calderón Hinojosa “darse el lujo” de que se le muriera uno sólo de los trabajadores en huelga.

En efecto, al círculo del poder no le gustó ubicar al jefe del Ejecutivo como presunto delincuente electoral, por lo que anunció la Secretaría de Gobernación, que impugnará la resolución en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de que más flexibles, aseguran que fue exagerado el resolutivo del Consejo General del IFE. Claro, exagerado cuando se trata del primer mandatario y muy acertado y puntual cuando se le aplica a los contrincantes políticos.

En el caso de los electricistas fueron numerosas las voces que se alzaron para que depusiera su actitud de horca y cuchillo el gobierno central: un punto de acuerdo del Poder Legislativo y la Solicitud de urgencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al secretario de Gobernación y al secretario de Gobierno del Distrito Federal, José Ángel Ávila, para la adopción de medidas cautelares por tiempo indefinido para preservar el derecho a la vida de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas que se encontraban en huelga de hambre en el Zócalo capitalino, claro que caló en el ánimo del recién estrenado encargado de despacho de la política interna del país..

Desde luego ambos asuntos no han concluido, los resultados finales están en el aire. Primero vamos a esperar como actúa ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que nos tiene acostumbrados a favorecer al poder en turno, aunque es de gran importancia la manifestada necesidad de legislar al respecto para evitar, como sucede ahora, que el Presidente de la República se convierta en forma preponderante en Presidente de su partido, en este caso de Acción Nacional.

Y pese a las declaraciones y posición en contrario del inflexible, intolerante y antiobrerista secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, su homólogo en Gobernación y por tanto jefe del gabinete, honre su palabra empeñada y solucione, de una vez por todas, el conflicto del gremio electricista que desde luego creó y mantiene el gobierno federal bajo la égida del secretario del ramo.

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