DE FUEROS, DE ACUERDOS Y DE AGRAVIOS

Por Teodoro Rentería Arróyave
20 de octubre de 2010



Imposible sustraerse de continuar abordando el tema de las “alianzas tranzas” como las califica Andrés Manuel López Obrador, porque se siguen dando con todo y el desprecio y los agravios están al orden del día entre las derechas y las izquierdas; está visto que esto poco importa a las cúpulas perredista y panistas pero ellas solas van por el poder y nada más.

Los militares que cometan delitos de desaparición forzada, violación sexual y tortura serán sancionados por el Ministerio Público de la Federación y por juzgados civiles y ya no por la justicia castrense, sin embargo las penas serán compurgadas en prisiones militares.

Este uno de los tres principales compromisos acordados con los coordinadores parlamentarios del Senado de la República y el presidente Felipe Calderón Hinojosa, salvo el del aliancista Carlos Navarrete, líder de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, quien se negó a asistir a la reunión por la simpleza de que no se llevó a cabo en el recinto legislativo, como si Palacio Nacional fuera la casa particular de Calderón o fuera un recinto extraño a la historia misma de los mexicanos

La iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar adecuada a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, fue enviada la misma tarde de este lunes al Senado de la República.

En la misma se resalta que el delito de desaparición forzada tendrá una prescripción de 35 años y no procederá la amnistía, el indulto, beneficios de preliberación ni sustitutivo alguno. Se detalla en el articulado que al servidor público que cometa el delito de desaparición forzada de personas se le impondrá una pena de 20 a 50 años de prisión y de 4 a 8 mil días de salario mínimo de multa.

Con esta reforma, que seguramente se esperaba más amplia, quedará acotado el fuero militar y sobre todo que sus elementos cuando delincan sean sometidos a la justicia civil, una de las viejas luchas de la izquierda, cuya primera conquista fue ajeno el PRD.

Otro de los acuerdos, es el impulso en la Cámara alta a la reforma política, que contempla también acotar el presidencialismo, así como la modificación de los órganos reguladores del estado para asegurarles mayor autonomía como son la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Cofetel, la Comisión Federal de Competencia, Cofeco, y la Comisión Reguladora de Energía, CRE.

Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional retiró su propuesta en torno a reducir el Impuesto al Valor Agregado, IVA, del 16 al 15 por ciento en vista, explicó, de que las condiciones cambiaron en el país por los desastres naturales que requieren recursos para la reconstrucción. Todo esto, también le pasó de noche a la izquierda aliancista.

Mientras tanto, todas las baterías de la derecha están enderezadas contra uno de sus legisladores, a quien en forma por demás indebida lo califican, antes de ser juzgado, como “narcodiputado” En efecto, compareció en el abandono de sus camaradas, ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, el legislador perredista Julio César Godoy Toscano, quien rechazó de nueva cuenta conocer a Servando Gómez Martínez alias “La Tuta”. Asunto éste que ha despertado la necesidad de revisar los alcances del fuero constitucional de funcionarios.

Y para terminar, un agravio más: diputados locales del Partido Acción Nacional interponen ante la Procuraduría capitalina una denuncia de hechos contra asambleístas de izquierda, quienes presuntamente recibieron sobornos de 200 a 800 mil pesos para que votaran a favor de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Solamente en la política kafkiana de las dirigencias de las derechas y las izquierdas, que quieren a toda costa hacer valer sus intereses personales y de grupo del poder por el poder mismo, caben estas alianzas donde el agravio persiste sin importar estar ajenos a acuerdos tan importantes como acotar los fueros y el ya caduco sistema presidencialista.

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