CLAUDICACIÓN

Por Teodoro Rentería Arróyave
28 de septiembre de 2009

México, como todos los países, los cambios estructurales, la fundación de instituciones y la creación de leyes en el camino del perfeccionamiento del Estado, ha costado todo tipo de esfuerzos al pueblo y en forma preponderante a sus próceres, para que ahora el Poder legislativo claudique en sus atribuciones en aras de arreglos sospechosos por soterrados.

En ese largo y siempre inacabado tránsito del esfuerzo común es de resaltar el que se refiere al enriquecimiento de normas siempre renovado para afianzar el estado de derecho; las luchas en el Congreso de la Unión en ese propósito han sido harto difíciles.

Costosas y a veces hasta desgastantes han sido esas epopeyas para que ahora una fracción partidista haga claudicar al Senado de la República todo en su potestad y en su responsabilidad de calificar y en última instanciar descalificar o aprobar en su caso nombramientos del Jefe del Ejecutivo.

Cuántas veces la historia ha registrada esa luchas de décadas, de centenas de años para acotar el Jefe del Ejecutivo en sus poderes omnímodo. Así, en ese tema de reivindicar las instituciones nacionales, el Presidente propone una terna para algunos nombramientos y otros los realiza pero es facultad del Legislativo ratificarlos o no.

Es más, otros más son de la exclusiva competencia del Senado de la República elegir en el pleno previa convocatoria y acuerdo en comisión o en su caso en comisiones nombramientos tan delicados como del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Debería de existir, como lo ordena la ley, que ciertos derechos y obligaciones son irrenunciables, ¿Por qué decimos todo esto? porque en el controvertido caso del ahora ya flamante procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, PRI, no sólo reculó a su manifestación de rechazo de ese personaje que selló para siempre su imagen con la pésima actuación en su desempeño como procurador general de justicia del estado de Chihuahua, donde fue omiso en la investigación de los feminicidios y permitió el brote del crimen organizado que ahora agobia a todo el país.

De ninguna manera es admisible el discurso de la rendición o del arreglo en lo oscurito expresado por el senador del senador de la República, Jesús Murillo Karam para tratar de justificar lo injustificable: el voto vergonzoso en “bola” del grupo parlamentario del tricolor: “votamos a favor porque vamos a dejar la responsabilidad penal en manos del ejecutivo”.

Nuestra Constitución Política ordena en su Artículo 102, que el Procurador General de la República será “designado por el Titular del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado” o, si se encuentra en receso, de la Comisión Permanente del Congreso. En la Reforma del Estado que propone el líder de la bancada priísta, Manlio Fabio Beltrones, se especifica que ese ordenamiento se extiende a todos los miembros del Gabinete Presidencial.

La pregunta se hace necesaria: ¿Con qué objeto, si a la hora de la verdad, a la ahora de las grandes decisiones el legislativo claudica a sus delicadas y graves atribuciones, responsabilidades, como ahora lo ha hecho al ratificar al repudiado por la sociedad civil Arturo Chávez Chávez como procurador general de la República?