RECONOCIMIENTO E INCERTIDUMBRE

Por Teodoro Rentería Arróyave
24 de septiembre de 2009

Conforme leía su último Informe de Gestión, 2001-20009, el maestro Emilio Álvarez Icaza Longoria, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF, que titulo: “Un nuevo modelo de organismo público de derechos humanos”, fuimos presas de dos encontradas visiones, desde luego el reconocimiento a ese gestión de una década que como bien dijo el Ombudsman no es de una persona ya que debe ubicársele como una institución, es decir, como “un grupo de hombres y mujeres extraordinarios y altamente comprometidos puesto que se trata de una expresión colectiva de trabajo”.

La otra, ciertamente aterra ante la contingencia obligada del relevo en la titularidad de esa institución que en esos 10 años logró convertirse en modelo y referente de la defensa de los derechos humanos. Si, llama la atención que tantos contendientes se hayan inscrito y más preocupa que en la puja escuchemos por parte de algunos pretensos expresiones arrogantes y descalificaciones de los contrarios, así como apoyos de membretes que sólo se significan por sus presupuestos millonarios.

En la Memoria compartida, una construcción colectiva de derechos humanos 2001-2009, en efecto es el punto de partida para concretar el estado democrático de derecho que apuntala el Nuevo Modelo de Organismo Público de Derechos Humanos. Al explicar Álvarez Icaza que la normatividad será el marco para llevar efectivamente a la práctica, afortunadamente no un decálogo, asómbrese respetado lector o radioescucha, 2 mil 400 líneas de acción establecidas en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.

El mecanismo formal de seguimiento del Programa, agregó, deberá estar constituido en enero de 2010, pero el Gobierno capitalino emitió ya un Acuerdo para hacerlo de observancia obligatoria, lo mismo que el Tribunal Superior de Justicia, a través del Consejo de la Judicatura; y también el Consejo de la propia CDHDF.

Otra aportación de la gestión, es el exhorto en el mismo sentido de Álvarez Icaza Longoria de crear la Ley de Derechos Humanos del Distrito Federal, que tiene que ver con modificaciones legislativas de orden federal. “Justamente –dijo- creemos que esa Ley va a ayudar a avanzar en el proceso de reforma política y a poner la centralidad de los derechos humanos en un pacto social y político”.

Pese a todo, dijo el ombudsman, nosotros agregaríamos, pese a los enemigos de siempre que no aprenden que sus canonjías contrarias a la dignidad humana serán definitivamente desterradas, el Distrito Federal cuenta ya con una Comisión de Derechos Humanos que tiene una nueva institucionalidad, que goza de plena autonomía, con un modelo de gestión que ha apostado a ser autosuficiente, permanente y con posibilidad de ser replicado, y con un cuerpo profesional y comprometido en la promoción y defensa de los derechos humanos.

Si bien es cierto que debemos de apoyar a Emilio Álvarez Icaza Longoria en su iniciativa a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la urgente elaboración de la Ley del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal para refrendar de esa manera la política de Estado en la materia, también es bien cierta la preocupación capitalina en el relevo de la CDHDF, ante la posibilidad de que los intereses partidistas, de grupo y peor aún económicos se impongan en la sucesión.

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