LOS ESCÁNDALOS DE FOX

Por Teodoro Rentería Arróyave
12 septiembre 2007



Ya no nos debería sorprender, puesto que el común denominador del gobierno de Vicente Fox Quesada fueron los escándalos, pero el nuevo reviste una gravedad de cuando menos un daño patrimonial a la nación por más de 500 millones de pesos.

Legisladores de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática presentaron ante la Procuraduría General de República cinco denuncias penales contra funcionarios foxistas, por irregularidades detectas por la Auditoría Superior de la Federación en las obras de la Terminal dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la Magnabiblioteca José Vasconcelos; en los programas Enciclomedia y el Seguro Popular, y en el rescate de los ingenios azucareros expropiados en 2003.

Además de la denuncia presentada sobre estas anomalías detectadas, explica el diputado Antonio Ortega, que la próxima semana se dará a conocer el estado que guardan otros 35 casos, todos relevantes, en los que la propia Auditoría Superior de la Federación, detectó diversas irregularidades.

Para precisar el tamaño del daño patrimonial, en nota exclusiva del diario La Jornada, nos informa que según la denuncia, el presupuesto de la megabiblioteca terminó en “gastos administrativos no prioritarios” y a la terminación de las obras se detectaron “pagos en exceso” por 19.5 millones de pesos.

En el programa Enciclomedia se documentaron desvíos por un monto superior a los mil 626 millones de pesos, pues de los 2 mil 105 millones autorizados a ese rubro, apenas se aplicaron 478.

El caso de la Terminal 2 se incluyen diversas irregularidades técnicas y legales imputables a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, con perjuicios económicos aún incuantificables.

Respecto del Seguro Popular, que según Vicente Fox Quesada fue la perla de la corona de su programa social, la Auditoria dependiente de la Cámara de Diputados, detectó gastos sin comprobar por 2 millones 102 mil pesos, así como el incumplimiento del programa, que en 2010 dejará sin cobertura a poco más de 2 millones de familias.

Muy aparte del daño patrimonial es de resaltar el análisis del legislador Jesús Ramírez, quien precisó que “estas denuncias que señalan varias irregularidades administrativas claramente marcadas por la ASF; hoy la sociedad reclama el respeto a la utilización de los recursos públicos; por que al final de cuentas ni la megabiblioteca Vasconcelos, ni la Terminal 2 del AICM, ni el Seguro Popular, ni el programa Enciclomedia han resuelto los problemas del país”.

Para no dejar cabos sueltos los legisladores denunciaron entregaron a la Secretaría de la Función Pública SFP, un documento mediante el cual exigen a las autoridades administrativas que realicen las auditorías respectivas y se fijen las sanciones correspondientes. Los legisladores que firman ambas denuncias son: los priístas Lilia Merodio, Raúl Cervantes, Beatriz Pagés, Jesús Ramírez y Carlos Rojas, así como los perredistas Antonio Ortega, Pablo Trejo y Alfonso Suárez del Real, entre otros.

Corresponderá al Ministerio Público Federal dar inicio a la averiguación previa correspondiente para deslindar responsabilidades penales, pero sobre todo a la decisión política del presidente, Felipe Calderón Hinojosa, quien según analistas debe en forma definitiva deslindarse de su antecesor y actuar conforme a derecho por el prestigio de su Gobierno y de su propia alta investidura, opinión que se comparte.
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