POR CONSIGNA

Por Teodoro Rentería Arróyave

lunes 7 de mayo de 2007.




Constantemente se escuchan historias de seres humanos que por cuestiones de venganza o de intereses se pudren en cárceles y nosocomios, son narraciones que se pierden ante la falta de documentación, sin embargo lo ocurrido con los líderes sociales de San Salvador Atenco, es indudablemente un reflejo de la "injusticia de la justicia" que se ha atascado en nuestro dolorido país.



Es por todos conceptos inaceptable lo dispuesto por un juez que cree encabezar un tribunal de alzada, como se dice equivocadamente, de la Prisión de la Palma, ya que sólo es con sede en esa cárcel, sin embargo lo resaltamos así porque es la única forma de explicarnos la sentencia por consigna que emitió.



Mientras los delincuentes más peligrosos, y nos estamos refiriendo sólo a los que son detenidos y consignados, recuperan su libertad con toda facilidad en un contubernio entre funcionarios encargados de la procuración y administración de justicia, en el caso que nos ocupa, sin importarles un ápice la reacción generalizada de la opinión pública y el descrédito internacional, se emite una sentencia brutalmente desproporcionada, así se hubieran probado los delitos imputados.



Sin la probanza que exigen nuestras leyes, el juez primero penal de Toluca, José Blas Hernández -no olvidemos este nombre respetados lectores-, sentenció a 67 años 6 meses a los luchadores sociales: Ignacio del Valle, Felipe Álvarez e Ignacio Galindo, todos ellos dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra FPDT, de San Salvador Atenco, Estado de México

"El juez de la consigna", consideró bajo su criterio, eso si muy personal, que los campesinos mencionados son responsables de los delitos de secuestro equiparado y retención, cargos por los que los consignó la Procuraduría General de Justicia del estado de México, cometidos, según la misma, en agravio de seis funcionarios mexiquenses estatales, hechos ocurridos entre febrero y abril del año próximo pasado.



La brutal, desproporcionada, absurda, bárbara e ilegal sentencia contra los labriegos detenidos en el Penal de Alta Seguridad de la Palma, en Alomoloya de Juárez, también considera el pago de una a multa consistente de 2 mil 476 días de salarios mínimos por la reparación del daño.



La licenciada, Bárbara Zamora, defensora de oficio de los pobres infelices, y desde luego, aclaremos, no es frase peyorativa, sino la realidad de los tres dirigentes comunitarios, calificó perfectamente la sentencia, como una infamia toda vez que “nunca se comprobó” que Ignacio del Valle, Felipe Álvarez o Héctor Galindo, hayan sido los responsables de la retención de los 6 funcionarios del gobierno del estado, entre febrero y abril del año pasado.



Obviamente que la representante legal apelará la sentencia dictada por "el juez de la consigna", a quien acusó, precisamente de actuar por consigna en contra de los atenquenses. “Esta claro, -explicó-, que por la cantidad de años, se trata de una venganza, porque ni las presuntas víctimas los identificaron como los responsables de su retención, por lo cual no existen elementos para sostener una sentencia de este tipo”,


Debemos de estar muy atentos a lo que ocurra en las siguientes instancias, porque ante la sentencia por consigna, el asunto es muy probable que llegue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sería muy recomendable que los grandes de la abogacía, los sabios del derecho, los humanistas de nuestras leyes se unieran en torno de la abogada, Bárbara Zamora, para que como modernos Don Quijotes de la actualidad, deshagan este entuerto, que tiene entrañas de felonía.



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