DESPENALIZACIÓN
Por Teodoro Rentería Arróyave
martes 13 de febrero de 2007
Por Teodoro Rentería Arróyave
martes 13 de febrero de 2007
Si el presidente Felipe Calderón Hinojosa no asume sus responsabilidades totales y en particular a las libertades de prensa y expresión y el derecho de los pueblos a la información para contrarrestar la ignominia del pasado inmediato, estaríamos en la tesitura de tener que aceptar que el país sigue siendo gobernado desde Guanajuato y el asesor jurídico de tan innoble propósito, ahora despacha como titular de la subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, nos referimos al “ínclito” maestro en Derecho, Juan de Dios Castro Lozano.
Lo anterior viene a colación por la solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos CND, al Senado de la República, con el propósito de que estudie y dictamine, a la brevedad posible, el proyecto de reformas legales tendiente a evitar que los periodistas y comunicadores puedan ser acusados penalmente a consecuencia del ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Como lo señala el propio titular de la CNDH, doctor José Luis Soberanes Fernández, dichas modificaciones legislativas son determinantes para proteger a los periodistas y comunicadores de eventuales demandas penales en su contra, por presuntos delitos de calumnia y difamación con motivo de las informaciones que dan a conocer a la opinión pública.
Ante tal posición a favor de estas caras libertades es de recordarse, y de ahí nuestra alarma, que en su momento el entonces huésped de Los Pinos, Vicente Fox Quesada, a pregunta expresa de los reporteros, afirmó que tal iniciativa tenía que ser estudiada y meditada porque implicaba canonjías especiales para los comunicadores, el consejero jurídico de la Presidencia de la República, era precisamente, Juan de Dios Castro Lozano.
La iniciativa, precisa la CNDH, fue aprobada en abril de 2006 por la Cámara de Diputados, y deja abierta la posibilidad de que un quejoso pueda demandar la reparación del daño por la vía civil. La iniciativa –que implica la derogación de algunos artículos del Código Penal y la reforma de los artículos 1916 y 1916 bis del Código Civil Federal-- se encuentra a la espera de que la Cámara de Senadores resuelva lo que corresponda con vistas a su aprobación y entrada en vigor.
Otro antecedente preocupante es el ocurrido en el estado de Chiapas, cuando lo desgobernaba el dictadorzuelo, Pablo Salazar Mendiguchía durante seis largos años. Es el caso que este sujeto, con un Congreso títere, se mandó hacer su ley mordaza, al penalizar hasta con nueve años de prisión y multa de mil salarios mínimos los delitos de difamación y calumnia. Todo etiquetado a los periodistas y a varios de ellos los encarceló o los envío al exilio. Afortunadamente el nuevo gobernador, Juan Sabines Guerrero, envió la iniciativa para derogar la infame reforma penal, es decir acabar con la ley mendicuchía, así con minúsculas, amigo corrector.
La CNDH se ha pronunciado por la despenalización de los llamados delitos contra el honor en favor de los periodistas y comunicadores, atendiendo también a la corriente marcada en esa materia por numerosos organismos internacionales como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
Estamos de acuerdo con la opinión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al afirmar que esas reformas legales constituirán un avance para proteger la libertad de expresión y las libertades informativas, salvaguardando el derecho al honor, sin que se deba acudir a instrumentos que puedan inhibir su ejercicio, como las sanciones penales de privación de la libertad. El Senado de la Republica tiene la palabra y la acción. Desde luego no perdemos la confianza.
Periodista y escritor. En
posted by Observador Ciudadano at 21:17
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